La actividad que desarrollan los bomberos voluntarios, realizada especialmente desde el anonimato y con el objetivo prioritario del servicio a la comunidad, merece el pleno apoyo de los vecinos. En numerosas oportunidades, las carencias económicas lleva a que los propios integrantes deban aportar dinero de sus bolsillos para hacer frente a las necesidades de elementos necesarios para poder cumplir con su función.
Días pasados, dos de los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia cumplieron 40 años de vida. El de Godoy Cruz y el de Luján de Cuyo, nacidos en agosto de 1968 “ante la necesidad de la comunidad de contar con organizaciones para combatir las emergencias”, según ellos mismos han señalado.
Según se afirma, esta actividad nació en Japón, hacia 1643, y en nuestro país durante el gobierno de Julio Argentino Roca, por impulso de inmigrantes instalados en el barrio de La Boca, como consecuencia de que las construcciones de aquellos tiempos, prioritariamente de madera y zinc, ofrecían un continuo y serio peligro para la población.
A pesar de que su tarea había sido destacada por la prensa de la época, diez años más tarde el presidente Juárez Celman dictó un decreto por el cual les prohibía concurrir a siniestros, situación que se mantuvo por menos de un año, cuando otro presidente, Carlos Pellegrini, anuló el decreto.
Ya consolidados, se conformó una federación que nuclea a los bomberos voluntarios del país, y en la actualidad existen 19 federaciones provinciales y 5 de otras tantas provincias, que representan un total de 660 cuerpos de bomberos, integrados por 40 mil efectivos y 10 escuelas de capacitación.
En Mendoza, se reconoció a la actividad de los bomberos voluntarios como servicio público no estatal a través de la ley 7679, que indica entre otros conceptos que están obligados, dentro de su zona de actuación, a prestar auxilio en casos de incendio, inmediatamente después de su reconocimiento y sin necesidad de requerimiento alguno; prestar colaboración en tareas de prevención de incendio y de auxilio en casos de cualquier emergencia.
Al referirse al patrimonio de las asociaciones de bomberos voluntarios, indica la ley que estará constituido por las cuotas que abonen sus asociados, por los bienes adquiridos y futuros, por donaciones y legados, por el producido de rifas autorizadas por el Ejecutivo y municipalidades, por las subvenciones del gobierno y por prestaciones de servicios especiales; pero, a la vez, destaca que están obligadas a contratar seguros de responsabilidad civil contra terceros respecto de los vehículos de su propiedad y que son utilizados para combatir los siniestros.
Luego de hacer alusión a las exigencias que deben cumplir los miembros de los cuerpos activos, la ley destaca que se los exime de pagar impuestos provinciales y señala que el Ejecutivo incluirá en el presupuesto anual una partida equivalente al 50 por ciento del monto que, por todo concepto, asigna al Departamento Central de Bomberos para que sea destinada a la federación que nuclea a los voluntarios; que el Instituto Provincial de la Vivienda dispondrá de un cupo no menor al 5 por ciento de las operatorias de viviendas para ser adjudicadas a bomberos voluntarios y que los integrantes -y su grupo familiar- serán beneficiarios de la Obra Social de Empleados Públicos, en los casos en que no cuenten con prestaciones de servicios de salud.
Los escasos recursos con que cuentan los cuerpos de bomberos voluntarios los ha llevado a organizar rifas y hasta a lavar autos -como sucede en Maipú- para poder hacer frente a las necesidades.
Ello determina que la comunidad tiene la obligación moral de prestar su colaboración hacia esos hombres que dejan de lado muchas actividades para cumplir con su misión de servicio, priorizando el bien común sobre el particular. Una actividad que debe ser reivindicada y merituada y que necesita ser reconocida en la magnitud que merece.
Fuente: www.losandes.com.ar
| < Prev |
|---|
